Fuente: ABC Sevilla
Los ganaderos del sector del cerdo ibérico tienen ante sí tres nuevos frentes abiertos que vienen a desestabilizar la paz conseguida en los últimos cuatro años en los que, al amparo de la Norma de Calidad del ibérico, se han recuperado los precios y los sacrificios de animales, aunque en auge, aún no han entrado en zona de peligro.
Así lo ha afirmado el presidente de la sectorial del porcino ibérico de Asaja nacional, José María Molina Sánchez-Herruzo, en la 34º edición de la Jornada Ganadera, Forestal y de la Dehesa, organizada recientemente por Asaja Sevilla en el municipio de El Pedroso, con la participación de 200 ganaderos.
En dicho encuentro, el técnico de la patronal agraria ha informado de que en 2017 se sacrificaron «3.560.000 cochinos ibéricos», un 6% más que en el año precedente, de los que alrededor de 729.000 pertenecen a la categoría de bellota. Una cifra «alta», pero alejada todavía de la horquilla de entre 750.000 y 800.000 cochinos ibéricos de bellota «donde estaría fijado el límite para no volver a caer en una sobreproducción», ha apuntado Molina Sánchez-Herruzo.
Sospechas de fraude
Con los precios saneados, la principal preocupación a la que se enfrenta el sector del ibérico es hacer frente a la sombra de la sospecha por fraude y malas prácticas, una polémica recientemente avivada tras el hallazgo de unas 11.000 piezas de embutidos, jamones y carnes en mal estado encontradas por la Guardia Civil en una nave en Granada, por la que el principal distribuidor de ibéricos de España (Comapa) está siendo investigado por la Fiscalía.
A esto se suma que hay actualmente dos empresas que inspeccionan y certifican los procesos de producción y venta de productos ibéricos a las que la Entidad Nacional de Acreditaciones (ENAC) ha dejado fuera de juego por «supuestas irregularidades». Se trata de Certicalidad, la mayor empresa auditora de productos ibéricos de España, sin actividad desde noviembre de 2017, y Certibérico Charro, recientemente suspendida y dejando a 2.400 ganaderos de toda España sin entidad de inspección.
Ante esta inquietud, José María Molina, también vicepresidente de la Interprofesional del cerdo ibérico (Asici), ha explicado que aquellas explotaciones que hayan sufrido el cierre de su entidad certificadora «tendrán 30 días para buscar una nueva entidad de inspección acreditada, y durante en ese periodo, sus productos que ya estén certificados siguen teniendo validez».
Además, «las empresas suspendidas podrán emitir informes de raza, edad y alimentación siempre y cuando se hayan realizado las visitas de inspección y actuaciones conforme a lo exigido en la Norma de Calidad del ibérico antes de la fecha de suspensión», con el fin de que los ganaderos afectados no queden en una situación de indefensión.
Las sospechas sobre la mala praxis de las certificadoras del ibérico han puesto en duda el prestigio de la ENAC, que ha contraatacado con un nuevo protocolo de inspección que deberán cumplir las entidades auditoras del ibérico y que «entrará en funcionamiento el próximo 1 de agosto», según ha informado José María Molina.
Protocolo de inspección
Se trata de un protocolo de inspección «mucho más exigente que el recogido en la Norma de Calidad y aprobado por la Mesa del Ibérico, donde está representado todo el sector», ha apuntado el experto. Exigencias que se traducen en un sobrecoste para los ganaderos, ya que «las empresas certificadoras acreditadas se verán obligadas a multiplicar su personal por lo que el servicio de inspección se va a encarecer para el ganadero».
De hecho, «si hasta ahora un inspector puede hacer al día hasta cinco visitas para la verificación de entrada en montanera, con el nuevo protocolo sólo podrá hacer una o dos visitas, lo que obligará a las certificadoras a multiplicar por tres el personal para cumplir los plazos», ha señalado el vicepresidente de Asici.
Esto acarrea un encarecimiento del servicio de certificación en la montanera, pues si hasta ahora el ganadero asumía un coste de un euro por cochino en la categoría de bellota, «el precio va a subir hasta los 10 euros por animal». El resto de categorías tampoco está exenta de este incremento, pues si el año pasado el precio por lechón era de 0,36 euros, con el nuevo protocolo se pagará 0,96 euros por animal; y si en cebo de campo el precio era de 0,28 euros, se eleva ahora hasta 1,35 euros por cochino.
Los ganaderos se han puesto en pie de guerra y se niegan a asumir dicho sobrecoste, por lo que el próximo 1 de agosto las asociaciones que representan los intereses del sector se reunirán en el Ministerio de Agricultura para exigir al Ejecutivo que negocie con la ENAC para que no aplique el nuevo protocolo en los términos actuales. Un documento que establece también la ejecución de inspecciones sorpresa, reflejando que, en caso de no poder realizarla porque el ganadero no esté localizable, se retirará la certificación.
Mejoras de la norma
El último reto al que se enfrentan los ganaderos de ibérico es a la mejora de la Norma de Calidad. Así, el sector productor ha puesto de manifiesto en la jornada de Asaja Sevilla la necesidad de mejorar el texto, exigiendo suprimir la obligatoriedad de tener reproductores machos con libro genealógico.
También han demandado realizar el cálculo de la carga ganadera máxima permitida durante la montanera no en función de la superficie arbolada cubierta, sino según la cantidad de bellota de las fincas, creando «un sistema de añadas (similar al que funciona en el sector vinícola) en función de la producción de bellotas que haya cada campaña». Por último, han reivindicado endurecer los requisitos para establecer la categoría de cebo de campo, vinculándolo con explotaciones sólo extensivas.
